Anunciantes se unen contra una RTVE sin anuncios

La desaparición de la publicidad en RTVE pondrá en peligro 18.000 puestos de trabajo y afectará a la productividad de 4.637 empresas publicitarias, lo que obligará a los ciudadanos a soportar el aumento de costes. Así lo aseguran 16 asociaciones dedicadas a la publicidad, la fabricación de juguetes, la perfumería y el cine, entre otros sectores, que han unido fuerzas para enfrentarse al proyecto de ley de financiación del ente público que prevé la eliminación total de anuncios.

Francisco Ortihuela, portavoz de las asociaciones, ha dicho que esta medida provocará inflación de las tarifas publicitarias, mayor saturación del mercado y una clara pérdida de competitividad, lo que provocará que las 1.350 Pymes que se anuncian actualmente en televisión no puedan seguir haciéndolo.

Ha añadido que "el ciudadano no está en contra de la publicidad, está en contra de la saturación, al igual que lo están las 4.637 empresas que utilizan el medio para la comunicación comercial". Por este motivo, las entidades agrupadas proponen que la ley recoja el espíritu de la directiva europea de 12 minutos de publicidad por cada hora de emisión, incluidos todos los conceptos.

Con respecto a la TDT, que algunos sectores proponen como alternativa a TVE para los pequeños anunciantes, Carmen Novo, presidenta de la Asociación de Medios, ha considerado que aún tiene audiencias muy bajas, por lo que ni a corto ni a medio plazo podrá asumir la publicidad que dejará de emitirse en la cadena pública, que actualmente equivale a un 24 por ciento del total y supone 520 millones de euros.

Las asociaciones están en conversaciones con los diferentes grupos parlamentarios para que, o rechacen la ley, o la cambien mediante enmiendas. También solicitan que se autoricen los patrocinios en los programas deportivos.

Los comerciales de RTVE también se oponen al proyecto del Gobierno y han presentado un plan alternativo que propone un modelo mixto en el que se conserve un pequeño porcentaje de publicidad, con limitaciones de horarios y contenidos.

Los últimos que han manifestado su rechazo a esta nuevo sistema de financiación de la cadena pública son los operadores de telefonía, que según la iniciativa deben aportar parte de los fondos para sostener el ente. El presidente de la patronal Redtel (Orange, Ono, Telefónica y Vodafone) califica la tasa de "impuesto revolucionario".