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jueves, 18 marzo 2010

Bruselas abre otro expediente por la financiación de RTVE

La Comisión Europea ha decidido enviar a España una solicitud oficial de información sobre la nueva aportación a cargo de los operadores de telecomunicaciones para compensar la supresión de la publicidad en RTVE. Se trata del segundo expediente abierto por el Ejecutivo europeo a propósito del nuevo sistema de financiación del ente público español. El primero, iniciado el 2 de diciembre pasado bajo las normas de competencia, investiga si este modelo constituye una ayuda del Estado incompatible con los tratados comunitarios.

El portavoz comunitario para la llamada Agenda Digital, Jonathan Todd, ha explicado que Bruselas cree que la tasa impuesta a los operadores de telecomunicaciones "parece no estar relacionada con los costes derivados de la supervisión reglamentaria", sino que ha sido introducida simplemente para cubrir la pérdida de ingresos derivada de la supresión de la publicidad.

En un comunicado, la comisaria europea Neelie Kroes afirma por su parte que esta aportación podría "afectar indebidamente a los operadores de telecomunicaciones, pudiendo limitar sus inversiones en nuevas redes y servicios avanzados y penalizando en definitiva a sus clientes".

La ley de financiación de RTVE, que entró en vigor en septiembre pasado, impone a los operadores de telecomunicaciones -salvo algunas excepciones- una tasa del 0,9 por ciento de los ingresos brutos que facturen para compensar las pérdidas por la eliminación de la publicidad en los canales públicos.

Bruselas ha recordado que las normas europeas establecen que las tasas cobradas a los operadores sólo pueden sufragar "determinados costes administrativos y de reglamentación" y deben ser "objetivas, transparentes y proporcionadas".

"La legislación española sobre la financiación de RTVE y, en especial, la aportación a cargo de los operadores de telecomunicaciones no parecen ajustarse a estas disposiciones", señala la Comisión en su comunicado.

En enero de este año, Bruselas ya abrió un procedimiento similar contra Francia, país que también ha eliminado la publicidad de la televisión pública.

El Gobierno español, que dispone de dos meses para contestar a las objeciones de Bruselas, ha defendido en todo momento que el modelo de financiación del ente público se atiene a la normativa europea y a finales del pasado año mantuvo encuentros con la Comisión para explicar en profundidad sus detalles.

  • Vía EFE

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