El Congreso aprueba la Ley General Audiovisual con el voto en contra del PP
El Pleno del Congreso ha aprobado la Ley General de la Comunicación Audiovisual, después de ratificar la mayoría de las enmiendas introducidas en el Senado, en su mayor parte con cambios de carácter técnico. El texto final de la citada norma fue aprobado con los votos favorables de PSOE, CiU y CC, mientras que se manifestaron en contra el PP, Izquierda Unida y ERC y se abstuvo el PNV.
El portavoz popular, Miguel Ángel Cortés, ha dicho que este proyecto de ley "entró sin acuerdo y saldrá sin acuerdo", y que aunque su grupo se había abstenido en el trámite anterior en el Congreso ahora votaba en contra de las enmiendas aprobadas en el Senado, "aunque queremos que conste en acta nuestro rechazo político a la ley en su totalidad".
Cortés ha basado su crítica en el artículo que crea el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, que calificó de "dañino con el gasto público", al tiempo que se ha mostrado "radicalmente en contra" de que un organismo administrativo pueda cerrar un medio de comunicación, cuando eso sólo lo puede hacer un juez y también "que este Consejo nos diga qué podemos ver y qué no, ejerciendo una censura ideológica".
El diputado socialista, Oscar López, ha respondido que este proyecto de ley ha tenido una elaboración de seis años, con mucho debate, con debates parlamentarios de tramitación de enmiendas "y decenas y decenas de reuniones del Gobierno con sindicatos, operadores y teleoperadores. Es una ley con muchos años de negociación política".
López ha dicho también que es una ley que culmina una reforma de seis años, donde hay un nuevo modelo de televisión "sin deuda y sin manipulación del PP"; una ley que defiende el pluralismo y aunque permite las fusiones, estas sólo pueden realizarse con el límite del 27 por ciento de cuota de pantalla.
El portavoz del PNV, Pedro María Aspiazu, ha afirmado que esta ley está hecha a la medida de las televisiones privadas, como es el caso de la Ley de Financiación de TVE. En su opinión, las prisas en su tramitación ha tenido más que ver con Uteca, la asociación que agrupa a estas cadenas, que con el interés general y ha criticado la existencia del Consejo Estatal "cuando es necesaria una eficiencia máxima en el uso de los recursos".
Joan Ridao, portavoz de ERC, ha dicho por su parte que la ley perpetúa el monopolio del castellano, que crea una relación "servilista" del Gobierno con el sector privado y no fortalece al sector público, mientras que el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, ha asegurado que la ley sirve a un "mercado audiovisual sin pluralismo".
La ley obliga a los operadores privados a invertir el 5 por ciento de sus ingresos en cine europeo, así como en series para televisión, mientras que para los públicos esta obligación es del 6 por ciento.
En el caso de los menores, la ley prohíbe a los operadores emitir en abierto pornografía o violencia gratuita y que el acceso a estos canales cerrados posibilite el control parental. También establece que los programas en abierto deberán clasificar por edades sus contenidos y contar con una codificación que permita la supervisión de los adultos.
La norma además regula los programas de juegos y apuestas, que sólo pueden emitirse entre la una y las cinco de la mañana, y los de contenido esotérico, que se deben poner entre las 22 y las 7 de la mañana, aunque los prestadores del servicio tendrán responsabilidad sobre fraudes que pudieran producirse.
En el apartado publicitario, la nueva ley permite la emisión de 12 minutos de anuncios por hora de emisión, incluido en ellos la televenta, aunque se excluirán el patrocinio y el emplazamiento.
- Vía EFE





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